Un nuevo sistema contributivo, que no premie la evasión fiscal sino el trabajo y que no recaiga sobre los ingresos de la clase trabajadora sino sobre el consumo, fue lo que prometió esta semana el gobernador de Puerto Rico a una ciudadanía muy familiarizada con la economía sumergida y las subvenciones públicas.

"Tenemos un sistema que penaliza el trabajo y la productividad, mientras premia la evasión", reconoció el gobernante, Alejandro García Padilla, en un mensaje público emitido por todas las grandes cadenas de televisión y radio de la isla.

Su intención era convencer a los puertorriqueños de la conveniencia de cambiar de sistema fiscal, para descartar el actual Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y la llamada "patente nacional" y reducir drásticamente las declaraciones de la renta, de la que quedarán eximidos unos 850,000 contribuyentes, informó la agencia Efe.

Así, el ciudadano no tendrá que tributar por los primeros 40,000 dólares al año que ingrese y las parejas por los primeros 80,000 que devenguen, independientemente de sus sueldos, según anunció.

"Eso quiere decir que lo que se te deduce de la quincena para enviarlo a Hacienda, se va a quedar en tu cheque. Este abril, ustedes, la mayoría -la clase media- van a rendir 'planilla' (declaración) por última vez", anunció el gobernador, consciente de que este es el aspecto que más puede atrapar a la ciudadanía.

La apuesta de este Gobierno es adoptar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), un impuesto indirecto (que Hacienda no recibe directamente del contribuyente, sino de los comerciantes) que está implantado en al menos 160 países del mundo y que aquí será del 16%, con un máximo del 21%.

Estarán exentos del IVA los alimentos, los medicamentos, la renta residencial privada y la educación pública, y se reembolsará parte de lo pagado a las personas con rentas inferiores a 35,000 dólares. Quienes ingresen menos de 20,000 recibirán el reintegro del 100%, dijo el gobernador.

Es previsible que con el IVA se reduzca la evasión fiscal, que con el IVU ronda la mitad de los ingresos potenciales, un porcentaje a todas luces alarmante.

Sistema 'ineficiente e injusto'

"El actual sistema es ineficiente e injusto; castiga a la clase media y pobre asalariada que trabaja duro para mantener a su familia, imponiéndoles a ellos el mayor peso", dijo el gobernador en su mensaje de diez minutos, grabado en una fábrica, con empleados trabajando de fondo, y con traducción simultánea al lenguaje de signos, citó Efe.

Con la camisa remangada y en tono contundente, explicó que el nuevo sistema que mañana presentará al legislativo es "más justo, sencillo y equitativo para todos" y "promoverá el desarrollo económico, permitirá combatir la evasión contributiva, reducirá dramáticamente las contribuciones sobre ingresos y dejará en manos de la gente la decisión de cuánto contribuyen a través de su consumo".

El sistema contributivo actual de la isla obtiene la mayor parte de su recaudación de las contribuciones directas sobre los ingresos que percibe la ciudadanía.

Según García Padilla, el 85% de quienes presentan su declaración (o "planilla", como se le conoce aquí) son asalariados, mientras que sólo unas 12,000 personas con ingresos de más de 150,000 dólares rinden cuentas con Hacienda, "lo que contrasta con los carros y casas de lujo que se ven en nuestras calles".

En Puerto Rico existe una elevada economía sumergida que explica la relativa paz social que existe con una de las fuerzas laborales más bajas del mundo y con una tasa de desempleo que duplica la de cualquier estado de EEUU.

Con el 35 % de sus 3.7 millones de habitantes recibiendo ayuda federal para comer y con el 45% viviendo en la pobreza, en Puerto Rico hay oficialmente menos de un millón de personas trabajando, la cifra más baja de los últimos 22 años.

"Más del 80% de los que pagan 'planillas' son personas de la clase trabajadora, que no tienen forma de ocultar sus ingresos ni de darle rienda suelta a la imaginación para inventar exenciones y evadir. El que unos paguen y otros no es una injusticia en tu contra que tiene que terminar ya", añadió García Padilla.

Además, "podremos proyectar los ingresos del país hacia el futuro, teniendo la certeza de que lograremos pagar los gastos recurrentes con dinero recurrente, tomar menos dinero prestado y pagar la deuda en la que otros gobiernos incurrieron sin tener con qué pagar".

Críticas y temores

Por su parte, profesionales, políticos y hasta estudiantes de Puerto Rico expresaron su preocupación por el efecto que tendrá en sus bolsillos la implantación del IVA.

"Que los precios de servicios legales aumenten por más del 16% va a resultar en un golpe muy serio a toda la población de medianos y bajos ingresos", dijo por ejemplo el presidente de la Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR), Héctor Ramos, de acuerdo a lo que citó Efe en otro parte informativo.

Este colectivo pide al Gobierno "cautela" ante su propuesta de implantar un Impuesto al Valor Añadido (IVA).

La idea es que este impuesto, que está implantado en al menos 160 países del mundo (entre los que no se encuentra EEUU), sustituya al actual Impuesto sobre el Valor y Uso (IVU), del que apenas se logra recaudar el 56% de lo que se debería, y a gran parte de los ingresos por impuestos directos sobre la renta.

Sin embargo, diferentes colectivos expresaron su temor de que, aunque la gente tenga que pagar menos en sus declaraciones de renta ("planillas"), vea encarecerse todo lo demás, salvo alimentos, medicamentos y educación pública, que estarán exentos del IVA.

"En el caso de los servicios de abogados esa alza en el costo de los servicios va a afectar la oportunidad de que alguien que necesite el apoyo legal no pueda obtenerlo aún cuando el abogado que le sirva reduzca sus honorarios", dijo Ramos en un comunicado.

Por ello, pidió que antes que "encarecerle" la vida a los puertorriqueños cambiando el sistema tributario, apueste más por hacer que "el Departamento de Hacienda se modernice y sea eficiente y efectivo en su gestión de cobrar los impuestos, que ya gravan en demasía".